Redacción Plan V

Cuando Jennifer Haz, una joven madre de tres niños de Galápagos, dejó de contestar el celular, sus amigos, su jefe y sus familiares se preocuparon. Habían visto en varias ocasiones que tenía problemas constantes con Luis Eduardo D, con quien tenía una relación de varios años. Puerto Ayora es un pueblo pequeño, normalmente invadido de turistas, que en abril pasado se encontraba más silencioso que de costumbre, como consecuencia de la pandemia y la suspensión del tráfico aéreo hacia el Archipiélago de Colón.

La relación difícil y violenta, según algunos familiares de la joven, se había iniciado hace trece años. La joven trabajaba en un almacén de artesanías en Puerto Ayora, la principal isla de la región insular, y ahí se había conocido con Luis Eduardo D. el hombre al que la policía de Galápagos ha detenido como presunto responsable de su muerte violenta. Jennifer Haz proviene de una familia asentada en las islas desde hace cuatro generaciones. Apenas el año pasado viajó por primera vez al continente, para matricularse en una universidad. Luis Eduardo, en cambio, es originario de Santo Domingo de los Tsáchilas. Tenía trabajos eventuales como tripulante de barcos mercantes.

Pero Luis Eduardo no aceptó la separación. Y empezó, según relatan algunas personas de Puerto Ayora, a acosarla e, inclusive, a presentarse en la modesta vivienda de la joven en estado al parecer etílico, para lanzar piedras contra las ventanas de la pequeña casa en la que también vivían sus hijos. A pesar de los episodios de violencia, Luis Eduardo le convencía de volver. Y ella, atendiendo a las promesas del marinero, había inclusive, según relatan en su entorno, pedido préstamos bancarios para comprar un terreno en las afueras de Puerto Ayora, para instalar ahí un taller de arreglo de motos. La familia sostiene también que, con el dinero que obtuvo la joven, Luis Eduardo inclusive se compró una moto de modelo deportivo. Pero tanto el terreno, cuanto el taller, cuanto la moto fueron puestos a nombre del hombre, quien luego de una nueva separación, decidió vender todo e irse hacia el continente.

La joven se quedó con las deudas y con los tres pequeños y, según aseguran sus familiares, no recibía ayuda económica del padre. Lo que sí pasaba, afirman, es que le llamaba a Galápagos a amenazarle de muerte, una constante que según varias personas consultadas, se mantuvo durante toda la tensa relación. La joven madre tenía dos trabajos: uno en un centro infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social y otro en un restaurante de la localidad, con cuyo dueño inició una nueva relación sentimental.

Al poco tiempo, Luis Eduardo volvió a las Islas. Y retomó la dinámica violenta que había caracterizado su relación desde el principio. Según familiares de la joven, insistía en retomar su relación de pareja y, además, le pedía dinero.

A fines de marzo de este año, Jennifer recibió una llamada. Era Luis Enrique D., quien aseguraba que estaba detenido en la cárcel de Santa Cruz por haber violado el toque de queda y beber en la vía pública. Según contó a sus familiares, en la llamada el marinero la amenazó de muerte a ella, a los niños y también amenazó con suicidarse luego de cometer esos delitos.

Mensajes por Whatsapp

El sujeto no tenía ningún cuidado en sus amenazas: a mediados de abril, habría enviado mensajes amenazantes por Whatsapp que quedaron registrados en el celular de la víctima. En ellos, sostienen quienes han visto los textos, le amenazaba de  muerte con palabras soeces. El celular está en manos de las autoridades y los mensajes han sido sometidos a varias pericias, según conoció revista Plan V.

El 17 de abril de 2020, la joven intentó presentar una denuncia en contra del exconviviente, en la Fiscalía de Puerto Ayora. Pero en esa dependencia no la aceptaron, dicen los familiares, y más bien le recomendaron que fuera a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. En la carta que presentó ante la Junta con esa fecha, la joven denunció que su expareja, quien ese día estaba detenido por la Policía de Puerto Ayora por violar el toque de queda, «me envía mensajes de texto amenazando».

«Estoy separada hace un año y seis meses por maltrato sicológico -continúa la misiva entregada a la Junta de Protección de Derechos- ya que me pegaba, me insultaba, me exigía que le dé dinero y sino le daba, me maltrataba. Hace una semana me dice que me va a matar, que me va a hacer picadillo, que sino soy de él no soy de nadie, que solo en el infierno va a estar feliz, dice que me odia, que le he traicionado, me molesta por todo lo relacionado a mis tres hijos. Además, no me pasa una pensión alimenticia».

Tras conocer el caso, la Junta le concedió medidas de protección y una sicóloga de la institución empezó a brindarle soporte sicológico. Además, se le instaló el «botón de pánico» (le grabaron el número del policía más cercano) para que pudiera llamar rápidamente en caso de necesidad.

La familia tomó otras precauciones: la pequeña casa de la joven solo tenía mallas en las ventanas y le ayudaron para que coloque barrotes de hierro con la intención de protegerla a ella y a los tres pequeños. También pidieron a los vecinos que estuvieran pendientes de la presencia del marinero en la zona y que en las noches dejaran prendidas las luces para poder verlo si se acercaba. Según relatan vecinos, amigos y el nuevo novio de la joven, el hombre aparecía de improviso, a veces en una bicicleta, y en estado de ebriedad, se ponía amenazante en plena calle. Otros testigos afirmaron que lo vieron empuñar un desarmador. Se cree que esa sería el arma homicida, aunque hasta la fecha no se lo ha podido encontrar.

Liberado sin cargos

El espiral de tragedia se aceleró a principios de mayo. El 5 de ese mes, Luis Eduardo fue visto cerca del restaurante donde trabajaba la joven. Ella llamó a la policía y mostró las medidas de alejamiento que tenía a su favor. Los policías detuvieron al marinero, quien fue llamado a una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de desobedecer una orden de autoridad competente. Pero como en ese momento no había ni juez ni fiscal en Puerto Ayora, el caso fue tratado por vídeoconferencia desde Puerto Baquerizo Moreno, en la vecina isla de San Cristóbal, por el fiscal y la jueza de la capital provincial. El fiscal Christian Farez dijo en la audiencia que no había encontrado elementos para acusar del incumplimiento al marinero, pero recomendó medidas de protección, según consta en el acta de la resolución subida poco después de las 18:00 de ese día al sistema de causas de la justicia de Galápagos. «Aplicando el principio de objetividad y verdad procesal y escuchado que fue directametne a la víctima en la que no determina una agresión física ni psicológica. Es así que con la certificación de notificación de las medidas de protección al aprendido (la) Fiscalía por el momento no tiene elementos suficientes para formular cargos», alegó el fiscal.

Y exculpado así por la Fiscalía, se ordenó su liberación.

Lo que ocurrió después tiene consternados a los habitantes de Puerto Ayora. El diez de mayo de 2020, Jennifer Haz pasó el que sería su último día de las madres con sus hijos. Al otro día, lunes, salió muy temprano de su humilde vivienda en la motoneta de un nuevo amigo, en cuyo restaurante trabajaba. Pocos minutos después, desapareció.

El nuevo amigo de la joven contó a las autoridades que salió en su búsqueda, pues días antes, Luis Eduardo se había presentado en su casa para amenazarlo también a él e, inclusive, había tirado al suelo su moto. Acompañado de amigos y parientes de la ella empezaron a recorrer las calles de la población. Encontraron la motoneta abandonada junto a un terreno baldío. El hombre se adentró entre los matorrales y la encontró muerta, con por lo menos 30 heridas de algún tipo de arma cortopunzante, que se cree puede haber sido un destonillador. El hombre se desplomó de la impresión, mientras el resto del grupo se comunicaba con la policía local, que se acercó al sitio para levantar el cadáver. La tragedia que se había intentado evitar con medidas cautelares, al parecer, se había consumado.

Al otro día, la Policía detuvo a pocas cuadras del sitio donde se halló el cuerpo a Luis Eduardo, a quien se considera principal sospechoso del crimen. Los vecinos intentaron lincharlo, dicen los familiares de la joven. Tras la tragedia, el caso fue nuevamente conocido por el fiscal Farez, quien en esta ocasión pidió y obtuvo prisión preventiva en contra del presunto femicida. Ante la indignación de la población, la Policía trasladó al sospechoso al continente para salvaguardar su vida y se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Provisional de Guayaquil.

Un nuevo fiscal -fue el fiscal de Puerto Baquerizo quien liberó al presunto asesino quien llevó el caso en un inicio- ha realizado nuevas diligencias para procesar al marinero, contra quién se ha dictado prisión preventiva. Otro vecino de la ciudad contó que le había prestado una bicicleta ese fin de semana, que luego fue encontrada abandonada cerca de la escena del crimen. El caso se investiga con la reserva de ley por parte de la Fiscalía de la provincia insular. Pero los familiares se han mostrado inconformes con la acción del fiscal Farez.

Para la madre de la joven, Marlene Beltrán, se ha cometido un femicidio. «Durante la convivencia él la sometió por medio del miedo», dice la madre, en diálogo con revista Plan V. «Mi hija fue a buscar ayuda en la Fiscalía cuando le llegaron amenazas de muerte en el celular. Le dijo que le iba a hacer picadillo», recuerda Marlene Beltrán. «La Fiscalía no le dio la atención debida y le dijeron que vaya a la Junta de Protección de Derechos. Una trabajadora social debía hacerle seguimiento pero ella no lo hizo», dice. Reconoce que, sin embargo, le dieron la boleta de auxilio y le instalaron el «botón de pánico», pues a pesar de que estaba preso en el cuartel de la Policía, continuaba mandando mensajes amenazantes. «En la Policía había roto una puerta y la policía tuvo que llevarle al hospital», afirma. La madre sostiene que el 5 de mayo se logró que la Policía detenga al marinero en horas de la mañana, pero confirma que tanto la jueza cuanto el fiscal de Puerto Baquerizo ordenaron su liberación.

«La muerte de mi hija debía haberse evitado. Creo que hubo negligencia del fiscal y de la Junta de Protección de Derechos, que ya sabía que mi hija estaba amenazada de muerte. No sé si el fiscal no tenía la posibilidad de verificar las cosas y solamente lo liberó. Mi hija ya estaba separada más de un año». Según la madre, fueron los vecinos quienes detuvieron a Luis Eduardo y estuvieron «a punto de lincharlo». «Se había ido a esconder al monte pero la gente ayudó a detenerlo», afirma la madre. Beltrán recuerda que la joven esperaba poder ganar más dinero para poder brindarle la mejor educación a su hijo mayor, quien ya debe ingresar al colegio este año.

Por su parte, el defensor del Pueblo en la región insular, Milton Castillo, dijo sostiene la tesis de que «en este presunto femicidio hay responsabilidad en la muerte de la víctima por omisión del sistema judicial en el cumplimiento de normas y protocolos de protección a las víctimas de violencia. Tal omisión es principalmente del fiscal Farez». Castillo agregó que «hay por lo menos dos elementos claros para la protección: temor de la víctima y haberse acercado al trabajo el agresor sin su consentimiento», que no fueron tomados en cuenta al liberar al presunto femicida.

Según estadísticas de la Fiscalía, desde 2014 hasta el 30 de junio de 2020, se han registrado en el país 407 femicidios. El peor año fue 2017, con 102 casos, seguido de 2016 y 2019 con 67 cada uno. Solo en los últimos tres años y medio se han registrado 258 femicidios, según la entidad que afirma que solo 205 se han resuelto, 110 continúan en investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 23 están en etapa preparatoria y evaluatoria de juicio, 30 están en juicio, 9 están en apelación y 9 en casación. Además, hay 374 noticias de delitos.

Sobre los casos resueltos, la Fiscalía consigna 159 sentencias condenatorias, 17 casos extinguidos, 14 archivados, 8 inocencias declaradas por sentencia y siete sobreseimientos. 76 de estos delitos han sido cometidos por ex convivientes.